privatización de aysa

Informe Comparativo y de Impacto Regulatorio: Decreto 493/2025 vs. Ley 26.221

Resumen Ejecutivo

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis jurídico comparativo y de impacto entre el nuevo marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, y el régimen que modifica, instituido por la Ley 26.221. El análisis se centra fundamentalmente en las implicancias de esta reforma sobre la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, conforme los principios consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240.

La reforma representa un cambio paradigmático fundamental, transitando desde un modelo de gestión estatal centrado en la concepción del acceso al agua como un derecho humano, hacia un esquema orientado al mercado, cuyo objetivo primordial es viabilizar la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y atraer capital privado. Este cambio se evidencia en la derogación del carácter intransferible de las acciones estatales, la limitación de la responsabilidad del Estado y la transferencia del riesgo técnico, económico y financiero a la futura concesionaria.

Desde la perspectiva del derecho del consumidor, las modificaciones más críticas y regresivas son:

1. La habilitación del corte total del suministro por falta de pago para usuarios residenciales: El nuevo artículo 81 del marco regulatorio elimina la prohibición de corte que regía bajo la Ley 26.221, la cual solo permitía la restricción del caudal. Esta medida colisiona directamente con los derechos a la salud, la seguridad y a un trato digno, transformando un servicio esencial para la vida en una herramienta de coacción para el cobro de deudas.
2. La instauración de un régimen tarifario pro-concesionario: El nuevo artículo 71 establece mecanismos de actualización tarifaria automática por inflación con una periodicidad no mayor a tres meses, junto con cláusulas amplias para revisiones extraordinarias. Este esquema traslada el riesgo macroeconómico a los usuarios, comprometiendo la asequibilidad y previsibilidad de las tarifas y afectando la protección de sus intereses económicos.
3. El debilitamiento del rol planificador del Estado y el fortalecimiento de la concesionaria: La reforma subordina el «Plan Director» de la Agencia de Planificación (APLA), de carácter público, a una mera «guía» no vinculante para el «Plan de Acción» de la concesionaria. Esto otorga a la operadora privada la iniciativa estratégica en materia de inversiones y expansión, que lógicamente se orientará por criterios de rentabilidad antes que por necesidades sociales.
4. La condicionalidad de la Tarifa Social: Si bien el programa de Tarifa Social se mantiene, su financiamiento queda explícitamente supeditado a no afectar la rentabilidad de la concesionaria, lo que introduce un factor de incertidumbre y potencial limitación a su alcance y efectividad.

En este nuevo escenario, las autoridades de defensa del consumidor, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, enfrentan el desafío de actuar como un contrapeso efectivo. Este informe concluye con un análisis de las posibles acciones administrativas, judiciales y políticas que dichas autoridades pueden emprender para mitigar los efectos adversos de la reforma, incluyendo la emisión de normativa complementaria, el inicio de acciones colectivas y la promoción de legislación provincial que refuerce la protección de los usuarios más vulnerables.